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¿Qué pasó? El 26 de mayo de 2026 la Contraloría General respondió la consulta legislativa mediante los oficios 06349, 06354 y 06357, identificados como DCP-0117, DFOE-0026 y DJ-0974. El órgano contralor reconoció la necesidad de impulsar infraestructura, empleo y desarrollo sostenible en Limón, pero advirtió que un proyecto de largo plazo requiere seguridad jurídica, protección del interés público y reglas capaces de demostrar beneficios reales para las comunidades.
Contraloría alianzas JAPDEVA 2026: qué reconoció y qué cuestionó
Contraloría alianzas JAPDEVA 2026: competencia, transparencia y SICOP
La Contraloría sostuvo que la libre concurrencia, es decir, que puedan participar distintos interesados debe ser efectiva y no solamente formal. Por eso señaló la necesidad de procedimientos previamente establecidos, divulgación de información, criterios técnicos, igualdad entre participantes y garantías de oposición y revisión. También interpretó que los procedimientos vinculados con el proyecto debían usar el sistema digital unificado SICOP para materializar transparencia y publicidad. Agregó que la omisión legislativa de recursos de objeción o apelación no podía entenderse como eliminación de los controles previos.
Los controles adicionales señalados por la Contraloría alianzas JAPDEVA 2026
El oficio recomendó definir objetivos sociales y territoriales, evaluación y auditorías independientes, distribución de riesgos constructivos, operativos, financieros, regulatorios, ambientales y de demanda, sostenibilidad financiera, supervisión concurrente, rendición de cuentas y participación de las comunidades beneficiadas. Además, sugirió prever sanciones, modificaciones contractuales, terminación anticipada y reversión de bienes. Este hito es central porque explica por qué el texto legislativo cambió nuevamente en junio y por qué la ley final contiene controles más específicos que el proyecto original.
