Qué contiene este dato
¿Qué cambió desde hoy?
El 10 de agosto de 2026 se publicó el Decreto Ejecutivo 45870-MSP en el Alcance N.° 104 de La Gaceta. La medida entró a regir con su publicación.
El decreto declara secreto de Estado información vinculada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, Fuerza Élite y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa del Estado dirigidas desde la Presidencia.
¿Qué tipo de información queda cubierta?
La reserva incluye asuntos que fácilmente se entienden como sensibles: planes operativos, mecanismos de inteligencia, protocolos de intervención, capacidades policiales, reuniones, grabaciones, estructuras de mando y recursos tecnológicos.
Pero también incluye partidas, rubros de gasto, presupuestos y la totalidad de determinadas actuaciones y expedientes de contratación pública vinculados con esos órganos o fines. Allí aparecen estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución.
¿Por qué esto importa a una persona común?
Porque aquí se cruzan dos necesidades legítimas. La Policía no puede avisarle al crimen cómo hará una operación. Al mismo tiempo, el dinero público necesita controles para saber cuánto se gastó, cómo se contrató y quién fiscaliza el resultado.
¿El decreto ya fue declarado inconstitucional?
No. Al corte del 10 de agosto de 2026, esta cronología no presenta una sentencia que lo haya anulado. El decreto está vigente.
La pregunta pendiente es si todo su alcance —especialmente cuando cubre presupuestos y expedientes completos de contratación— se ajusta a la Constitución, a la Ley General de Policía, a la Ley de Acceso a la Información y a los criterios anteriores sobre secreto de Estado.
¿Qué sigue ahora?
El seguimiento debe basarse en hechos nuevos y verificables, no en anticipaciones. Esta cronología se actualizará si existe un recurso, una sentencia de la Sala Constitucional, un pronunciamiento de la Procuraduría, una actuación de la Contraloría, una solicitud legislativa o una modificación del decreto.