Caricatura editorial sobre secreto de Estado, DIS, Fuerza Élite y acceso a información pública en Costa Rica

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La Procuraduría explica que el secreto de Estado debe recaer sobre documentos concretos y mediante una resolución motivada

La Procuraduría distinguió confidencialidad y secreto de Estado, y señaló que la declaratoria presidencial debe ser motivada y referirse a informes o documentos específicos.

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Qué contiene este dato

¿Qué aclaró la Procuraduría?

En un dictamen del 20 de mayo de 2022, la Procuraduría General de la República explicó que la confidencialidad de documentos internos de la DIS no es igual al secreto de Estado.

El criterio señala que el Presidente puede declarar secreto de Estado determinados informes o documentos internos y que esa decisión debe realizarse mediante una resolución motivada.

¿Qué significa “motivada”?

Significa que la decisión no debería quedarse en un simple “esto es secreto”. El acto debe tener razones que expliquen por qué se aplica esa protección.

La Procuraduría también indicó que no todo documento producido por la DIS debe presumirse confidencial de manera ilimitada. La protección se relaciona con documentos internos directamente vinculados con la función de inteligencia y la seguridad nacional.

¿Por qué este criterio es importante para el decreto de 2026?

Porque ofrece una medida para comparar. En 2022 se habló de documentos particulares y específicos de la DIS. En 2026, el nuevo decreto utiliza una reserva que alcanza varios órganos, coordinaciones, reuniones, presupuestos y expedientes de contratación.

La comparación no decide por sí sola si el decreto es válido o inválido. Sí ayuda a identificar la pregunta jurídica central: si el alcance de 2026 se mantiene dentro de las facultades que ya existían o si las amplía demasiado.

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